La empresa SIGSA (Sistemas de Información Geográfica, S.A de C.V.) presentó una inconformidad ante la Contraloría del Estado de Hidalgo, por el fallo de la licitación pública nacional No. LA-MTB-STA-F9-2020 “Prestación de Servicios de Modernización de Sistemas Municipales (Catastro)” para el municipio de Tulancingo, al asegurar que el gobierno local incurrió en varias violaciones a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, para otorgar el trabajo de modernización catastral a la empresa Terra Maps.
SIGSA, que fue fundada en 1980, detalla en el documento presentado a la Contraloría del estado, que desde hace 30 años son distribuidores exclusivos de ESRI, es decir, la empresa norteamericana que produce el software (ARCGIS), que es la tecnología instalada en el municipio de Tulancingo.
Como antecedente, SIGSA señala que “en el año 2014 se firmó mediante el programa de financiamiento a las modernizaciones de los catastros municipales un contrato entre SIGSA y el municipio de Tulancingo para la implementación de un sistema de información geográfica municipal y de mantenimiento de cartografía catastral. Al termino del contrato el sistema quedó instalado (31 de marzo de 2014 – 31 de mayo 2015) y operando, lográndose un incremento muy importante de la recaudación sin afectar a las clases socioeconómicas más vulnerables”.
El actual gobierno de Tulancingo acudió a SIGSA en el 2017 y 2018, para realizar servicios de actualización digital, con los siguientes montos: $81.200 pesos en el 2017, que fueron pagados en febrero del 2018 y la misma cantidad para el 2018, que hasta la fecha, no ha sido cubierta.
“A pesar de que tenemos un saldo a favor pendiente de cubrir por servicios realizados el gobierno municipal no nos incluyó en el estudio de mercado para la licitación del “proyecto de modernización de sistemas municipales” y fue complicado el proceso para que pudiésemos inscribirnos pero finalmente lo logramos y quedamos inscritos en la licitación pública nacional LA-MTB-STA-F9-2020”, señala el documento de inconformidad.
No obstante, la empresa dedujo que había confusión en los regidores de Tulancingo, ya que se les explicó que “debía desarrollarse un sistema de cobro para el sistema de catastro sin mencionar que este SISTEMA YA EXISTE y se ha estado actualizando con normalidad”.
“Es evidente que existe ya el sistema operando solo requiere mantenimiento y la optimización de algunos procesos para un mejor funcionamiento”.
SIGSA aduce a que no es necesario reprogramar todo el sistema, y anexa una tabla comparativa de la funcionalidad actual que SIGSA entregó al municipio y subraya que las plataformas actuales con las que cuenta Tulancingo, se encuentran desactualizadas y no se contempla su actualización en el proyecto de la convocatoria.
“A pesar de que en nuestra propuesta se incluyen aspectos que son indispensables para resolver la optimización del sistema EXISTENTE YA INSTALADO Y OPERATIVO, lo que implicó un aumento de costo de nuestra propuesta la convocante declara que nuestra propuesta es ¡¡MUY BARATA!! La única racionalidad de este absurdo es que no incluimos COSTOS DE DESMANTELAMIENTO DEL SISTEMA ACTUAL y que el invitado al estudio de mercado no tiene idea de lo que está instalado y operando y propusieron, si es que participaron en la licitación, un “NUEVO SISTEMA” que desde luego no es técnicamente realizable en 30 días a menos que se les entregue el actual y solo lo ‘retoquen’”.
“El precio de nuestra propuesta pudo haber sido más bajo aún, pero no lo fue por el mal prestigio que la convocante tiene para pagar los servicios que se le prestan como ha sido nuestra desafortunada experiencia”.
“Nuestra propuesta no es barata, vale lo que cuesta pero no cuesta más de lo que vale porque no es ético cobrar 2 veces por lo que ya pagó el municipio. Ese sistema fue hecho en Tulancingo por jóvenes programadores Hidalguenses, ojalá que pudiéramos competir en condiciones de igualdad, nos gustaría mucho que esos mismos jóvenes lo optimizaran, como quiera estamos orgullosos de ellos y del sistema”.
La inconformidad señala también agravio a la empresa SIGSA por la violación al artículo 26 del reglamento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, por imponer requisitos que limitan la libre participación de los interesados, al imponer que los licitantes presentaran contratos celebrados con el municipio, dentro de los dos años anteriores a la fecha de licitación.
Asimismo, agrega violación a los artículos 18 y 19 de la misma ley, además de aducir que la pre asignación de la licitación fue mediante “dedazo”, de acuerdo a lo declarado por el regidor Pedro Hiram Soto Márquez, quien presentó una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJEH), por ejercicio indebido del servicio público, cohecho, peculado y lo que resulte, en agravio de la administración pública municipal; donde el munícipe asegura que les ofrecieron 80 mil pesos, inicialmente, y después fue de 120 mil pesos, a cada uno de los asambleístas, a cambio de la aprobación del Sistema de Modernización Catastral.
El pasado 5 de julio del presente año, la asamblea municipal aprobó por mayoría la actualización del sistema catastral por un monto de 6 millones de pesos, con aplicación de recursos propios.
