Proponen Sosa Arroyo y Romero Felipe reformar la Ley de Tránsito y Seguridad Vial con el objetivo de reducir accidentes viales

Los diputados locales José Romero Felipe y Salvador Sosa Arroyo sometieron a consideración del Pleno del Congreso estatal en la sesión ordinaria de hoy una iniciativa de reforma a la fracción IV del Artículo 97 de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial para el Estado de Hidalgo, con el objetivo de reducir los accidentes viales mediante la acreditación indispensable de la capacidad para manejar vehículos a través de los exámenes y prácticas que se fijen para la expedición de cada tipo de licencia.

En su exposición de motivos, el legislador local Sosa Arroyo indicó que en el año 2010, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) proclamó, el período 2011-2020 como el “Decenio de Acción para la Seguridad Vial”, con el objeto de estabilizar y reducir las cifras previstas de víctimas mortales en accidentes de tránsito en todo el mundo. 

Dijo que si bien el decenio concluyó, los planes y programas han de seguir en aras de mejorar nuestro marco normativo para disminuir los accidentes viales que muchas veces resultan en grandes tragedias. Señaló que de acuerdo con la ONU, cada año se estima que mueren cerca de 1.3 millones de personas en el mundo por causa de accidentes viales, lo que es igual a más de 3000 defunciones diarias.

Añadió que entre 20 millones y 50 millones de personas más sufren traumatismos no mortales provocados por accidentes de tránsito, y tales traumatismos constituyen una causa importante de discapacidad en todo el mundo. Comentó que entre las tres causas principales de defunciones de personas de 5 a 44 años, figuran los traumatismos causados poraccidentes de tránsito.

Comentó que según las previsiones, si no se adoptan medidas inmediatas y eficaces, dichos traumatismos se convertirán en la quinta causa mundial de muerte, con unos 2.4 millones de fallecimientos anuales. Ello se debe, en parte, al rápido aumento del mercado de vehículos de motor sin que haya a la par, mejoras suficientes en las estrategias sobre seguridad vial, ni la planificación vial correcta del uso del territorio.

Señaló que de acuerdo con estudios de organismos internacionales sobre vialidad, indican que nuestro país ocupa el séptimo lugar a nivel global en muertes por accidentes de tránsito. Según la Organización Panamericana de la Salud, los fines de semana por la noche, es decir, viernes, sábado y domingo, estima que 200 mil conductores manejan bajo la influencia del alcohol, y que por este motivo mueren al año cerca de 24 mil personas en siniestros automovilísticos producto del consumo de alcohol. 

Comentó que en junio de 2011, con la finalidad de contribuir a reducir las lesiones, discapacidades y muertes por accidentes de tránsito en la red carretera federal y vialidades urbanas, así como promover el fortalecimiento y mejora de los servicios de atención médica pre-hospitalaria e intra-hospitalaria por incidentes de tránsito, se dio a conocer en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo por el que se da a conocer la Estrategia Nacional Sobre Seguridad Vial 2011-2020”, la cual, incluye cinco líneas de acción separadas de manera estratégica para la prevención de la seguridad vial. 

Entre ellas, dijo, adecuar la normatividad para la expedición de licencias mediante la realización de pruebas psicofísicas, teóricas y prácticas específicas en establecimientos certificados.

Subrayó la importancia de adecuar la normatividad existente para poder garantizar, certificar e incidir en la conducta de los usuarios de las vialidades y así disminuir los efectos y el problema de salud consecuencia de los accidentes viales. 

Por eso, consideró que es importante que la licencia de manejo se deba otorgar única y exclusivamente cuando la persona interesada cuente con los conocimientos necesarios para conducir, no solo a nivel técnico sino a nivel cívico, que respete los límites de velocidad, los carriles y señalamientos en cada zona por la cual transita.

“No solo basta con endurecer las penas para personas que hayan cometido algún siniestro vehicular y reducir estos escenarios, en el peor de los casos, ni siquiera funcionan estas modificaciones, ya que el proceso penal debe ser considerado como última instancia. Mejor, enfoquemos nuestros esfuerzos para incidir de manera estructural en la conducta de las personas que aspiran a tener una licencia de conducir, contando con los conocimientos necesarios para poder manejar algún vehículo. Que sea la autoridad de seguridad la encargada de capacitar a posibles conductores de vehículos”, apuntó.