Integrantes de la LXV Legislatura aprobaron el dictamen por el que se expide la Ley para la Administración y Destino de Bienes Asegurados, Abandonados, Decomisados y Extinción de Dominio, así como la reforma y adición de diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública de Hidalgo, con ello la creación del Instituto Hidalguense para Devolverle al Pueblo lo Robado.
En sesión ordinaria número 106, la Primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales puso a consideración del Pleno Legislativo dicho dictamen cuya iniciativa establece el andamiaje jurídico base para la administración y destino de los bienes asegurados, abandonados, decomisados y de extinción de dominio, en el que se incorporen las mejores prácticas internacionales en materia de recuperación de activos en el proceso penal y de extinción de dominio.
La diputada de Morena, Lisset Marcelino Tovar, integrante de dicha comisión, señaló que se establece la creación del ente encargado de verificar los procedimientos para dicha administración y destino, esto es, del Instituto Hidalguense para Devolver al Pueblo lo Robado, como un organismo descentralizado de la Administración Pública Estatal, disponiendo lo relativo a su estructura, funcionamiento y atribuciones.
Asimismo, se realizan los ajustes normativos necesarios en el ordenamiento jurídico orgánico de la Administración Pública Estatal, a efecto de instaurar la figura del Gabinete Social del Estado de Hidalgo, como instancia encargada de destinar los recursos a los programas sociales u otras políticas del Estado de Hidalgo, en cumplimiento al marco normativo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Nacional de Extinción de Dominio.
El dictamen fue aprobado con 24 votos a favor y la abstención de las diputadas priista, Citlali Jaramillo Ramírez y Marcia Torres González.
En la misma sesión el Pleno Legislativo aprobó cuatro acuerdos económicos con exhortos a diferentes autoridades municipales, estatal y federal.
El acuerdo económico número 108 emitido por la Primera Comisión Permanente de Fortalecimiento y Desarrollo Municipal, exhorta a la dirección del registro del estado familiar para dar cumplimiento en coordinación con los 84 ayuntamientos al decreto número 220, emitido por la LXV Legislatura. Fue aprobado con 21 votos a favor
Mientras tanto, la Primera Comisión Permanente de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos emitió dos acuerdos económicos, en el primero de ellos se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario para que en el ámbito de sus facultades, genere, promueva, y consolide un programa público transexenal en materia de análisis de suelos para las actividades agropecuarias en la entidad.
También en coordinación con la Secretaría de Finanzas Públicas y la Unidad de Planeación y Prospectiva, impulse un programa público transexenal en materia de análisis de suelos, donde se incluya a las instituciones de investigación que trabajen dichas técnicas. Fue aprobado con 20 votos a favor por parte de las diputadas y diputados.
El segundo acuerdo económico aprobado exhortó a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a que en beneficio de los más de 10 mil productores de la unidad de riego 01 Actopan, retome el manejo y la administración de la infraestructura hidráulica y la distribución de los volúmenes de agua correspondientes a la citada unidad de riego, que congrega los municipios de El Arenal, San Salvador, Santiago de Anaya, Ixmiquilpan y Actopan, en tanto se determina una nueva administración para el manejo, operación y mantenimiento de la unidad 01 Actopan.
También exhorta a la Conagua a verificar, inspeccionar, auditar y comprobar el cumplimiento de obligaciones previstas en la Ley, su reglamento, normas oficiales mexicanas y demás disposiciones aplicables, en materia de explotación uso o aprovechamiento de aguas nacionales respecto a la concesión número 12HGO400301/26TDL08 otorgada a la organización productora agrícola y ganadera de las aguas para riego A.C.
El último acuerdo económico número 111, exhorta al Congreso de la Unión, en materia de créditos hipotecarios de vivienda para las y los trabajadores al servicio del Estado.
