Plantea Plan B recorte de privilegios y mayor participación ciudadana

Plantea Plan B recorte de privilegios y mayor participación ciudadana

Por La Redacción MAS Comunicación

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, presentó una iniciativa de reforma constitucional impulsada por el Ejecutivo federal que busca reducir privilegios en el servicio público y fortalecer la participación ciudadana, particularmente a través de la ampliación de la revocación de mandato.

Durante la Mañanera del Pueblo, la funcionaria subrayó que el eje central de la propuesta es la austeridad republicana como principio rector de la Cuarta Transformación y enfatizó que la reforma pretende terminar con excesos en el ejercicio del poder, al establecer que ningún funcionario podrá percibir un salario superior al de la Presidencia de la República.

Asimismo, planteó eliminar beneficios como bonos y seguros de gastos médicos mayores para altos funcionarios de organismos electorales, tribunales y otras instancias, con el objetivo de redirigir esos recursos a obras de infraestructura social en municipios y entidades.

En el ámbito municipal, la iniciativa contempla reducir el número de regidurías, fijando un mínimo de siete y un máximo de 15 por ayuntamiento, además de limitar a una sola sindicatura por municipio. En cuanto a los congresos locales, se propone establecer un tope presupuestal equivalente al 0.70 por ciento del presupuesto estatal. También se prevé una reducción progresiva del gasto en el Senado de hasta 15 por ciento.

Respecto a la revocación de mandato, la titular de Gobernación explicó que la propuesta busca ampliar este derecho ciudadano al permitir que pueda solicitarse en el tercer o cuarto año de gobierno, y no únicamente en el cuarto como ocurre actualmente. La consulta se realizaría el primer domingo de junio del año correspondiente, lo que, dijo, fortalecería el principio de que “el pueblo pone y el pueblo quita”.

Finalmente, la secretaria detalló que la iniciativa incluye reformas a leyes secundarias para reforzar la fiscalización electoral y la transparencia. Esto, añadió Rodríguez, se busca avanzar hacia un país más justo, equitativo y democrático.

Entre las reformas planteadas destacan topes salariales para funcionarios del INE y organismos locales, el inicio inmediato de los cómputos tras la jornada electoral para evitar manipulaciones, así como la obligación de los partidos políticos de reportar en tiempo real sus operaciones financieras y transparentar las remuneraciones de sus dirigentes.

Redacción/MAS Comunicación