Derivado del COVID-19, la infancia ha sufrido un duro golpe para la garantía de sus derechos, causando la suspensión temporal de muchas actividades esenciales, tales como las actividades de trabajo y educación, es por ello que el diputado de Morena Salvador Sosa Arroyo realizó un exhorto en el pleno del Congreso del Estado de Hidalgo, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Hidalgo (STPSH) para que, en coordinación con autoridades federales actualicen el protocolo de inspección del trabajo en materia de erradicación del trabajo infantil y protección al trabajo adolescente permitido.
Así mismo, exhorta a la Comisión Interinstitucional para la Erradicación del Trabajo Infantil y Protección de Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida en el Estado de Hidalgo, para la coordinación de acciones con los 84 municipios de la entidad a que erradiquen el trabajo infantil.
Señaló que de acuerdo a la información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de 2019, en el país, existen 3 millones 269 mil 395 niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años que realizan alguna actividad económica, ya que, dichos datos señalan que por lo menos 1 millón 755 mil 482 de menores de edad, realizan ocupaciones no permitidas; es decir que ponen en riesgo su salud, afectando su desarrollo y son llevadas a cabo por debajo de la edad mínima permitida de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo.
En nuestro país, dijo, la Red por los Derechos de la infancia en México (REDIM), ha hecho un estudio en materia de trabajo infantil, advirtiendo que las condiciones de orfandad, el impacto psicológico y el rezago educativo en esos grupos se ha invisibilizado por la pandemia. Las proyecciones que estiman sobre la integración de menores al campo laboral es de 2.5 millones de niñas, niños y adolescentes sumados a los ya más de 3 millones de infantes en estas condiciones.
Puntualizó que es fundamental tomar acciones claras que mitiguen las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentra la infancia hoy en día, ya que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en su artículo 47, fracción V y VI específica que las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales, así como las demarcaciones territoriales de la ciudad de México, están obligadas a tomar las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos en que niñas, niños y adolescentes se vean afectados por “El trabajo antes de la edad mínima de quince años, prevista en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
El Estado como garante de los derechos de niñas, niños y adolescentes, quienes se ven particularmente afectados y corren el riesgo de caer en el sector informal, derivado también de la recesión económica, la informalidad y el desempleo. No se puede dejar pasar desapercibido este tema, la pobreza en el país aumentara y con ello las familias buscaran nuevos modos de ingreso para recuperar lo que perdieron producto de la pandemia. “No podemos permitir que los derechos de la infancia se vean violados”, así finalizó el Legislador Sosa Arroyo.
