Durante la sesión ordinaria de este lunes 14 de noviembre, la diputada Lorena Hernández Romualdo y los legisladores Jorge Hernández Araus y ToñoHernández Vera, presentaron la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley Integral para Personas con Discapacidad en materia de inclusión laboral.
Al respecto, el congresista tulancinguense, Toño Hernández explicó que, desde hace siglos, las personas con discapacidad han sufrido una exclusión sistemática en nuestra sociedad y que ha sido a través del tiempo y gracias a las distintas visiones que se ha logrado progresar hacia la integración.
“Gracias a las luchas sociales hemos avanzado hacia la verdadera inclusión de las personas con discapacidad en todas las áreas de la vida cotidiana y el trabajo digno no debe ser la excepción”, sostuvo el diputado.
De igual manera, el coordinador del grupo legislativo de MORENA, Jorge Hernández Araus, añadió que el objetivo de la propuesta es reforzar las facultades que tiene la secretaría de Trabajo y Previsión social en la entidad, a fin de que tenga mayores atribuciones previstas en la Ley Integral para Personas con Discapacidad.
En la misma sesión, los diputados morenistas Timoteo López y Vanesa Escalante presentaron propuestas de exhortos: el primero de ellos, en voz del legislador presidente de la comisión de Adultos Mayores, llama al Instituto Nacional de Migración, para que, en coordinación con la secretaría de Salud estatal, implemente el Programa de Atención para la identificación en personas migrantes que hayan contraído VIH-SIDA.
Lo anterior, explicó el congresista, con la finalidad de que los migrantes retornados tengan una opción de atención medica en el servicio público de salud estatal.
Finalmente, la Dra. Vanesa Escalante hizo uso de la máxima tribuna en busca de exhortar al Senado de la República para que a través de las comisiones unidas de Salud y Legislación de continuidad al proceso legislativo para, en su caso aprobar el dictamen que admite las reformas a la Ley General de Salud en materia de plaguicidas, así como a los congresos locales de la república para que consideren la adhesión a este acuerdo, con base en la evidencia que avala los esfuerzos en impulsar una producción agrícola sostenible mediante el uso de insumos agrícolas que resulten seguros para la salud humana.
