A 15 días del accidente, en el que una revolvedora de concreto causó daños a por lo menos cinco vehículos y un letrero espectacular, los afectados aún no tienen claro quién se hará cargo de éstos, incluso sospechan de un mal manejo del caso por parte de los primeros respondientes.
Comentaron que ya iniciaron sus respectivas querellas ante el Ministerio Público (MP), pero perciben que el proceso no ha avanzado y temen que se vea empañado por influencias o un mal manejo de las pruebas, y no les reparen los daños.
Una de las irregularidades que notaron, es que el conductor de la revolvedora, de nombre con iniciales E.J.S., de 44 años de edad, no fue puesto a disposición del MP para el deslinde de responsabilidades.
Refieren que el 24 de marzo, tras el percance vial, el chofer fue llevado al Hospital General de Zona del IMSS, para después trasladarlo a una clínica particular y posteriormente, al parecer, fue sacado de ahí sin que declarara ante las autoridades o firmara una responsiva.
Otra situación que les preocupa, es que al buscar en la Plataforma del Registro Público de Vehículos (REPUVE) el número de placa de la revolvedora, aparece con reporte de robo, con fecha del 24 de marzo, es decir, el mismo día del accidente.
Suponen que la empresa propietaria de la unidad, al saber de las dimensiones de los daños que causó, reportó como robada a la revolvedora y sacó de la clínica del IMSS al chofer, pero aseveran, que si se lo llevaron al IMSS, es porque sabían que era empleado de la constructora.
El arrastre de los automóviles afectados hacia el corralón de Zempoala, es otra acción que no entienden porque ahora tendrán que pagar un arrastre más costoso que si lo hubieran llevado a uno de Tulancingo; sin embargo, al consultar a algunos empresarios de grúas y corralones, se conoció que la Guardia Nacional (antes Policía Federal) tiene concesiones con varios de ellos y hacen roles entre todos.
De tal manera, que durante determinado número de días todos los accidentes que hay en el tramo federal, los atiende un corralón o servicio de grúas, y en el caso del 24 de marzo, le correspondía al de Zempoala.
La petición de las cinco personas que están afectadas, es que las autoridades hagan una verdadera investigación, sin consideraciones ni privilegios y si los oficiales de la Guardia Nacional no cumplieron su trabajo, al no poner a disposición del MP al conductor, que se castigue y asuman las consecuencias, ya que la mayoría de vehículos dañados eran esenciales para las fuentes de trabajo.
