Con el objetivo de que las sentencias emitidas se entreguen en Formato de Lectura Fácil cuando las personas a las que va dirigidas tengan alguna dificultad para entender su contenido, el diputado local de Morena Salvador Sosa Arroyo sometió a consideración del pleno del Congreso estatal una iniciativa que agrega la fracción XII y se recorre la fracción siguiente al artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y que reforma el artículo 66 de la Ley del Tribunal de Justicia Administrativa, ambas del Estado de Hidalgo.
En su exposición de motivos, el legislador morenista explicó que en 2013 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio un paso histórico para la apertura a la hora de dar a conocer y emitir sus sentencias, ya que a través del amparo de revisión 159/2013 le fue otorgado a un ciudadano que padece síndrome de Asperger, una sentencia en formato de lectura fácil por la Primera Sala.
Detalló que dicho síndrome incluye un conjunto de alteraciones en la interacción social, la comunicación y los intereses, y supone una discapacidad para relacionarse socialmente, que provoca conductas poco adaptativas y dificultades para desenvolverse.
Dijo que el Formato de Lectura Fácil, tiene el objetivo de ser comprendido con mayor claridad por un determinado grupo de personas; entre ellas niñas y niños, así como personas con alguna discapacidad para leer y comprender un texto.
Añadió que de acuerdo a profesionales “El proyecto de adaptación de sentencias judiciales a lectura fácil ha supuesto un importante avance en el acceso a la justicia de toda la ciudadanía, siento este un principio básico del Estado de Derecho. Un instrumento esencial para hacer valer los demás derechos humanos, para reestablecer derechos, resarcir a las víctimas, reconocer a la persona y hacer frente a la discriminación”.
Comentó que el lenguaje actual ha sido objeto de muchas críticas, sobre todo en las instituciones públicas a la hora de usar demasiados tecnicismos, que difícilmente pueden ser comprendidos por una persona ajena a las resoluciones administrativas y judiciales.
Lo anterior, dijo, tiene grandes implicaciones a la hora de garantizar derechos, sobre todo aquellos que son enfocados al acceso a la justicia, así como al acceso a la información pública que por su complejidad muchas veces resulta difícil interpretar.
Señaló que la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el artículo 21 establece: “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas pertinentes para que las personas con discapacidad puedan ejercer el derecho a la libertad de expresión y opinión, incluida la libertad de recabar, recibir y facilitar información e ideas en igualdad de condiciones con las demás y mediante cualquier forma de comunicación que elijan con arreglo a la definición del artículo 2 de la presente Convención”.
Destacó que el artículo 2 dispone: “La “comunicación” incluirá los lenguajes, la visualización de textos, el Braille, la comunicación táctil, los macrotipos, los dispositivos multimedia de fácil acceso, así como el lenguaje escrito, los sistemas auditivos, el lenguaje sencillo, los medios de voz digitalizada y otros modos, medios y formatos aumentativos o alternativos de comunicación, incluida la tecnología de la información y las comunicaciones de fácil acceso”.
Por esta razón el legislador local de Morena destacó que la presente iniciativa tiene por objetivo reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Hidalgo y la Ley del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Hidalgo, para que las sentencias emitidas por estas instituciones puedan ser entregadas con un Formato de Lectura Fácil cuando las personas a las que van dirigidas tengan alguna dificultad para entender dichas resoluciones.
Indicó que México ha sido precursor en América Latina en trasformar el lenguaje y facilitarlo en el sector público. Prueba de lo anterior es el documento expedido por la Secretaría de la Función Pública denominado Lenguaje Claro, convirtiendo al país en la primera nación de habla hispana en promover el lenguaje claro y preciso para transmitir claramente el quehacer gubernamental a la sociedad y facilitar su interacción con las instituciones.
