Firman convenio histórico por los derechos agrarios de las mujeres del campo

Con el propósito de garantizar a las mujeres del campo el acceso pleno a la tierra, el reconocimiento de su calidad agraria y el ejercicio efectivo de sus derechos en condiciones de igualdad, siete instituciones del Estado mexicano firmaron, por primera vez, un Convenio Marco de Colaboración, en el marco de la Primera Jornada Nacional de Justicia Agraria Itinerante.

La ceremonia tuvo lugar en el Tribunal Superior Agrario y fue encabezada por su magistrada presidenta, Claudia Dinorah Velázquez González, quien calificó el acuerdo como un parteaguas en la historia de la justicia territorial con enfoque de género.

“La tierra no tiene género, pero la injusticia sí”, sentenció Velázquez González al destacar que esta iniciativa busca revertir siglos de desigualdad estructural.

El convenio fue firmado por titulares de las Secretarías de las Mujeres, Desarrollo Agrario, Agricultura, así como la Procuraduría Agraria, el Registro Agrario Nacional y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. 

Todos coincidieron en que esta alianza institucional responde a una deuda histórica con las mujeres rurales, quienes han sido invisibilizadas a pesar de su labor esencial en el campo mexicano. 

Por primera vez en 32 años, la justicia agraria se desplegó simultáneamente en todo el país con enfoque de género, a través de 51 jornadas comunitarias, se acercaron servicios judiciales directamente a los territorios, priorizando la atención a mujeres indígenas, adultas mayores y con discapacidad. 

Las instituciones involucradas reafirmaron su compromiso con una justicia incluyente, accesible y sensible a las realidades del campo mexicano, especialmente en lo relativo a la titularidad de la tierra y la autonomía económica de las mujeres.

Durante su participación, las y los funcionarios destacaron los avances legislativos y las políticas públicas que respaldan esta transformación, como la nueva Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, y el Compromiso 53 de la Cuarta Transformación. 

Coincidieron en que el acceso a la tierra debe ir acompañado de capacitación, financiamiento y participación efectiva de las mujeres en la toma de decisiones agrarias. Se anunciaron acciones como caravanas, audiencias remotas, diagnósticos y una obra editorial que recopile las voces de las sujetas agrarias.

La firma de este convenio representa no sólo una acción jurídica sino un acto de justicia social, pues se busca garantizar que al menos 150 mil mujeres campesinas sean reconocidas formalmente como titulares de derechos agrarios en este sexenio. “Pasamos de la omisión al reconocimiento. Hoy la justicia agraria también tiene rostro de mujer”, concluyó la magistrada.

-FGA/MAS Comunicación-