Establecer audiencias públicas infantiles para que ayuntamientos escuchen a los menores, propone Salvador Sosa Arroyo

Con el objetivo de que establecer la figura de Audiencias Públicas Infantiles como una facultad y obligación de los presidentes municipales, así como de regidores que conforman los ayuntamientos, para escuchar a las niñas, niños y adolescentes, el diputado de Morena Salvador Sosa Arroyo promueve una iniciativa que adiciona el inciso Ll a la fracción i del artículo 60 y que reforma la fracción X del artículo 69 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo, en materia de participación infantil.

Durante la exposición de motivos de su iniciativa en la sesión ordinaria de hoy, Sosa Arroyo destacó que la infancia es una etapa más de la vida misma, a la que algunos recordamos con alegría y emoción dichos momentos, especialmente en compañía de nuestros familiares y de nuestras primeras amistades. 

Sin embargo, dijo que en la actualidad, muchas niñas y niños sufren condiciones adversas, ya sean por sus situaciones socioeconómicas, afectivas y educativas, lo que se ha profundizado por la pandemia de COVID-19. Así, se ha agudizado la vulneración de los derechos de niñas, niñas y adolescentes.

Por eso hoy, indicó, a través de esta propuesta, queremos impulsar la participación infantil en los municipios de Hidalgo, como un mecanismo de atención permanente a sus problemas y necesidades.

Subrayó que el objetivo de esta iniciativa es establecer en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo, la facultad y obligación de Presidentes y Presidentas Municipales, así como de regidores y regidoras que conforman los ayuntamientos, de llevar a cabo las llamadas Audiencias Públicas Infantiles para que las niñas, niños y también adolescentes, puedan ser escuchados por las autoridades públicas del orden municipal. Así como se hace de forma cotidiana con los adultos.

Consideró que esta reforma permitirá que las ideas y problemas, así como las inquietudes expresadas por infantes, se vean reflejadas en la modificación de reglamentos en los municipios, así como en las políticas públicas que implementen quienes encabezan los ayuntamientos.

Recordó que la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) llevada a cabo en 1989, plantea la obligación de los Estados a garantizar las condiciones para que el niño pueda formarse un juicio propio y el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que le afecten, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez. Lo anterior, es reconocido en el artículo 12 parrado 1º referente a la libertad de expresión de la infancia. 

Añadió que México al ser parte de este y otros acuerdos, tiene la obligación de adoptar las medidas necesarias para dar efectividad a todos los derechos reconocidos por los Estados parte de la Convención. Que fue ratificado en nuestro país hasta 1990. “En ese sentido, nuestro país, así como el sistema jurídico de las entidades federativas se vieron obligados a actualizar las leyes”, apuntó.

Comentó que no fue hasta el año 2000, que se llevó a cabo una reforma constitucional en el artículo 4º para reconocer los derechos de los niños y niñas, dicho artículo en su momento señalaba lo siguiente: “Los niños y las niñas tienes derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos. El Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos. El Estado otorgará las facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez”.

Asimismo, manifestó que la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Hidalgo, en su Capitulo Décimo Quinto referente al Derecho a la Participación, el artículo 71 establece que se deben “disponer e implementar los mecanismos que garanticen la participación permanente y activa de niñas, niños y adolescentes en las decisiones que se toman en los ámbitos familiar, escolar, social, comunitario o cualquier otro en el que se desarrollen”. 

Razón de ello –dijo-, que la presente propuesta busque implementar las Audiencias Públicas Infantiles en los municipios por ser el nivel de gobierno más cercano a las personas. Además, los municipios cuentan con instancias pertinentes como el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF) o los Sistemas de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).

“Como diputadas y diputados estamos obligados a legislar con un trato diferenciado a través de acciones afirmativas para aquellos grupos y sectores que han sido rezagados históricamente. Mismo que les permita un trato justo, garantizando sus derechos como lo es su derecho a la participación; reconociendo con ello a niñas, niños y adolescentes como sujetos activos de derechos, que pueden aportar y construir mejores acciones públicas frente a los problemas que los afectan”, concluyó.