Empleados del Nacional Monte de Piedad, la mañana del lunes 5 de diciembre denunciaron presuntas irregularidades en el cierre de la sucursal Tulancingo, pese a que se obtuvo la legitimación del Contrato Colectivo de Trabajo.
Erick González Morales, empleado de dicha sucursal e integrante del Sindicato Nacional de Empleados y Trabajadores del Nacional Monte de Piedad y Empresas de Préstamo Prendario y Servicios Financieros, consideró que estos cierres son en represalia a la reciente revisión y legitimación de su contrato colectivo de trabajo, el pasado 25 y 26 de octubre.
Informó que una de esas represalias ha sido el despido de 20 trabajadores de la institución, en su mayoría representantes sindicales a nivel nacional, el pasado 31 de octubre.
González Morales, dijo que sí se les notificó del cierre de la sucursal en Tulancingo, pero que el acto se anticipó un día, lo que calificó como arbitrario.
Junto con sus demás compañeros, advirtió que no aceptarán el despido ni liquidación alguna, pues su contrato colectivo de trabajo indica que deberían ser reubicados, pero hasta la fecha no le han indicado nada a la Secretaría General, representada por Arturo Zayún González.
Comentó que a su secretario general no le han notificado el motivo del cierre de 18 sucursales en diferentes partes del país, incluso investigaron los ingresos que cada una de las sucursales estaba reportando y todas alcanzan las metas financieras que la administración pide de manera mensual, por lo que no pueden decir que están en quiebra.
El entrevistado, rechazó la versión de la quiebra y aseguró que existen 600 plazas laborales disponibles a nivel nacional y la sucursal Tulancingo tuvo números ascendentes en octubre.
Ante esta situación, solicitaron a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social federal, revisar la situación y que no permita lo que es calificado por los empleados como una “injusticia laboral”, la cual afecta a más de tres mil 500 familias a nivel nacional.
Agregó que con el cierre de la sucursal, que llevaba 11 años operando, los clientes quedan afectados, pues aunque los refrendos pueden ser pagados en tiendas de conveniencia o bancos, sus prendas deberán recuperarlas en otras sucursales y eso no se permite de acuerdo al contrato.
